11 Sep Perspectivas para la economía azul en Colombia. Oportunidad regional y exigibilidad institucional a partir de dos visiones territoriales
Imágen de portada generada por IA
El reciente Informe regional sobre Economía Azul Sostenible en América Latina y el Caribe de CAF cumple con una tarea necesaria, ello es organizar en una agenda diversos conceptos e ideas con el objetivo de crear una narrativa de transición regional en torno al océano. El océano no puede ni debe ser entendido únicamente como soporte físico de actividades económicas, sino más bien como una matriz ecológica, climática, social y productiva que exige planificación, inversión, innovación y gobernanza. El documento reviste especial importancia porque la presenta como un marco transversal que articula prosperidad, conservación y equidad y este enfoque casa perfectamente con los trabajos que desde CEMarin venimos adelantando en torno a los insumos para la actualización de una política nacional ambiental para mares, océanos y espacios insulares. Y es precisamente en este espacio de investigación donde nos preguntamos qué tan transferibles son esas recomendaciones regionales en el contexto colombiano, sobre el cual concluimos que mantiene falencias que van desde una institucionalidad marino-costera marcada por fragmentación competencial, baja fuerza vinculante de sus instrumentos y profundas asimetrías territoriales. (CAF, 2026; CEMarin, 2025).
Es aquí donde procedemos a realizar un análisis sinérgico entre el informe CAF, que ofrece una arquitectura de oportunidad; mientras que el informe CEMarin sobre política pública muestra las condiciones reales de posibilidad, entendiendo dos visiones similares, pero también divergentes al mismo tiempo. Mientras el informe CAF trabaja desde una escala regional, identifica tendencias, brechas y palancas, manifestados en planes oceánicos sostenibles, financiamiento azul, innovación, cooperación regional, descarbonización portuaria, turismo regenerativo, carbono azul y fortalecimiento de datos. El informe sobre política ambiental marina adelantado por CEMarin aterriza la discusión en el ecosistema de políticas públicas y la arquitectura institucional colombiana en torno al océano (PNAOCI, SINA, CCO, MinAmbiente, CAR costeras, POMIUAC, planificación espacial marina, determinantes ambientales, Escazú, contaminación, erosión y diagnóstico socioeconómico).
El primer punto de sinergia está en los mecanismos de gobernanza. CAF insiste en que la Economía Azul Sostenible requiere coordinación intersectorial y marcos normativos coherentes. Desde CEMarin coincidimos, pero igualmente añadimos un elemento que el enfoque regional no siempre desarrolla con suficiente rigor jurídico, esto es que, sin capacidad vinculante, la gobernanza es apenas coordinación discursiva. Por su parte, desde el diagnóstico técnico sobre una posible actualización de la PNAOCI el resultado asume una posición más crítica. De hecho, la PNAOCI vigente fue pionera en su momento, pero su diseño responde a un contexto anterior a la expansión contemporánea de conceptos como economía azul, planificación espacial marina, gestión adaptativa, 30×30, justicia ambiental oceánica y financiamiento océano-clima, la que además además, el roll de la Comisión Colombiana del Océano CCO asume un papel predominantemente consultivo, el liderazgo rector ambiental en cabeza del Ministerio del Medio Ambiente no aparece lo suficientemente robustecido y herramientas e instrumentos de planificación como los POMIUAC han tenido implementación limitada por recursos, vacíos normativos y cargas procedimentales.
Para Colombia, que cuenta con una robusta aunque poco eficiente arquitectura institucional y política en materia ambiental marina, resulta atractivo adoptar algunos insumos de los planteamientos de la Economía Azul Sostenible, de los cuales muchos ya vienen incorporados en el ejercicio de actualización de PNAOCI, de tal manera que refrenda la idea de que estos conceptos se deben incorpora asumiendo lo ya actuado y mejorando algunos precedentes tales como los determinantes ambientales marino-costeros, la planificación espacial marina exigible, sistemas de trazabilidad de evidencia, lo que debe incluir mecanismos de control ex ante de compatibilidad territorial. Por otra parte, sin el desarrollo eficiente y eficaz de estos procesos, se corre el riesgo de terminar sirviendo como etiqueta legitimadora de nuevas presiones sobre zonas ya degradadas, más turismo descontrolado sobre ecosistemas altamente vulnerables, o el adelanto de proyectos de generación de energía offshore sin cartografía social que tome en consideración las realidades regionales, o la generación de mecanismo de regulación de captura de carbono azul sin reglas claras sobre titularidad, permanencia y beneficios por ejemplo, lo que deja en evidencia que no necesariamente todo lo azul es sostenible, y no todo lo sostenible es per se justo.
El aporte del proceso de actualización consiste precisamente en condicionar la traducción colombiana de la agenda CAF. Lo hace proponiendo una base conceptual que no se queda solo en principios generales, sino que busca convertirlos en criterios de decisión pública, integridad ecológica, prevención y control integral de la contaminación, precaución como cláusula transversal ante incertidumbre científica, democracia ambiental, prevalencia de determinantes ambientales marino-costeros, base científica, monitoreo y datos abiertos, planificación integrada MIZC-PEM, bioseguridad marina, pesquerías con enfoque ecosistémico y trazabilidad, economía azul sostenible y justa, cooperación bioceánica solo por mencionar algunos aspectos relevantes, resaltando que esa arquitectura no es meramente retórica, sino que propone juridificar progresivamente la política pública marina. (CEMarin, 2025).
La segunda sinergia se encuentra en el tránsito de la planificación hacia mecanismos de exigibilidad. CAF otorga un lugar central a los Planes Oceánicos Sostenibles, entendidos como instrumentos para ordenar usos, reducir conflictos, priorizar inversiones y conectar conservación con desarrollo. En Colombia, el diagnóstico resultado y base del proceso de actualización de la política, obliga a una lectura más prudente: antes de multiplicar planes y programas, ya que del análisis surge la certeza de que es necesario ordenar la jerarquía normativa entre ellos, procurando más interoperabilidad jurídica, de tal manera que esas recomendaciones no deben ni pueden implantarse como un instrumento nuevo sin revisar su relación con herramientas como el POMIUAC, POT costeros, licenciamiento ambiental, concesiones marítimas, áreas protegidas, OMEC, planes de gestión del riesgo, instrumentos portuarios y competencias de DIMAR, MinAmbiente, ANLA, AUNAP, CAR y entidades territoriales.
Esa es quizás la principal implicación para el modelo colombiano. Las recomendaciones de CAF deben adaptarse bajo una lógica de secuenciación institucional. Primero, consolidar información y reglas de decisión. Segundo, establecer compatibilidades espaciales vinculantes. Tercero, diseñar portafolios de inversión azul. Cuarto, abrir instrumentos financieros, pero bajo salvaguardas socio-ecológicas. Es decir, que el financiamiento azul no puede anteceder a la gobernanza. Debe seguirla. O, al menos, construirse simultáneamente con ella.
El diagnóstico ambiental refuerza esta cautela. A través del informe adelantado por CEMarin se documenta una realidad marino-costera sometida a factores como erosión, contaminación, sobreexplotación de recursos, aumento del nivel del mar y presiones diferenciales sobre corales, manglares, pastos marinos, playas, fondos profundos y zonas insulares. Los datos sobre calidad de aguas marinas y costeras muestran situaciones heterogéneas, con estaciones entre condiciones óptimas y pésimas. En el Pacífico se registran preocupaciones por hidrocarburos, mercurio, aguas residuales y limitaciones de investigación derivadas de factores técnicos, espaciales y sociales. Esto significa que la economía azul colombiana no parte de una línea base neutral sino también de una abundante variedad de pasivos ambientales acumulados manifestados en dos vectores, por una parte, las persistentes desigualdades históricas regionales y por otra, un considerable número de ecosistemas identificados que ya están respondiendo al estrés. (CEMarin, 2025).
Por ello, la adaptación del informe CAF exige asumir diferenciar territorialmente nuestros entornos costeros, marinos y oceánicos. El Caribe colombiano concentra puertos, turismo, presión inmobiliaria, erosión costera, proyectos energéticos y alta conflictividad por usos del litoral. El Pacífico posee una densidad ecológica y cultural enorme, pero con déficits de infraestructura, conectividad, monitoreo, seguridad y capacidades institucionales. El Caribe insular enfrenta límites biofísicos estrechos y una relación sensible entre turismo, agua, residuos, arrecifes, identidad raizal y cambio climático. Pretender una única política de economía azul para estos territorios sería técnicamente pobre y jurídicamente torpe, por lo que una PNAOCI actualizada debería funcionar como marco común, con módulos regionales diferenciados y criterios de priorización ecológica y social.
La tercera sinergia está en la ciencia y los datos. CAF advierte que la región necesita innovación, monitoreo y sistemas de información para sostener decisiones. El informe de insumos adelantado por CEMarin agrega una formulación más exigente, en la que la trazabilidad de evidencia debe convertirse en condición de validez de los actos y decisiones marino-costeras, lo que permitiría pasar de la “mejor información disponible” como frase usual de política pública a un estándar procedimental verificable: fuentes identificadas, metodologías explícitas, metadatos, interoperabilidad, publicidad activa y evaluación periódica. En un país con conflictos sobre concesiones, ocupación de playas, infraestructura, vertimientos y áreas protegidas, ese estándar reduce discrecionalidad y litigiosidad y también puede mejorar la confianza institucional.
En materia de financiamiento azul, la articulación debe ser igualmente crítica. CAF promueve bonos azules, canjes de deuda, fondos fiduciarios, carbono azul, financiamiento combinado e instrumentos océano-clima. Son herramientas útiles, pero no del todo inofensivas. Pueden movilizar recursos o producir nuevas formas de apropiación del valor ecológico sin justicia distributiva. Bajo esta premisa, la porpuesta de actualización de política de CEMarin aporta una salvaguarda conceptual que incluye aspectos como una economía azul sostenible y justa, asociada a transiciones socioecológicas. Para Colombia esto implica que los proyectos de carbono azul, restauración de manglares, turismo de naturaleza o innovación pesquera deben incorporar participación efectiva, distribución local de beneficios, monitoreo independiente, derechos étnicos, enfoque de género y mecanismos de transparencia, de tal manera que la comunidad no puede ser la fotografía fija del proyecto, sino que por el contrario debe ser sujeto de decisión y beneficiaria real. (CAF, 2026; CEMarin, 2025).
El análisis de ambos documentos también muestra un déficit común, esto es la tensión entre ambición y capacidad estatal. CAF plantea una región solución. CEMarin muestra un Estado que todavía necesita ajustar sus engranajes. Esta tensión no descalifica la agenda azul; la vuelve más honesta. Colombia sí puede adaptar las recomendaciones regionales, pero no mediante una adopción mimética porque se requiere una traducción institucional que implica elevar la dimensión marino-costera dentro de las NDC, fortalecer la descarbonización marítimo-portuaria, establecer una postura país sobre carbono azul y artículo 6 del Acuerdo de París, activar PEM/MIZC, actualizar la PNAOCI con principios exigibles, robustecer la función rectora ambiental, interoperar bases de datos y construir gobernanza subnacional. Sin eso, las oportunidades se vuelven vulnerabilidades.
Nuestro roll como CEMarin en este contexto aporta una mediación técnica entre la agenda internacional y la realidad colombiana que no se limita a repetir estándares globales; los reordena en función de problemas nacionales. Tampoco se queda en el diagnóstico propiamente dicho, sino que propone rutas realistas para alcanzar los objetivos trazados. Su contribución mayor es mostrar que la Economía Azul Sostenible solo será viable en Colombia si deja de ser promesa sectorial y se convierte en un sistema de decisión pública basado en evidencia, precaución, jerarquía normativa, participación y justicia territorial.
No hay Comentarios